Migración y Derechos Humanos, escribe Dra. (c) Georgina Ruiz, Coordinadora Centro de Investigación
Por: Dra. (c) Georgina Ruiz Toledo, Coordinadora Centro de Investigación Anáhuac Puebla
Los fenómenos migratorios forman parte relevante de la agenda internacional desde la aparición de las “caravanas migrantes”, descritas como grandes grupos de personas que se mueven por tierra, a través de las fronteras internacionales. Las caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica han aumentado en número y frecuencia desde 2018; principalmente provenientes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. A nivel global, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas estima que en la actualidad existen 258 millones de personas que viven fuera de sus países de origen y que han emigrado por diversos motivos.
La creciente movilidad transnacional de personas pone de facto la falta de un sistema de coordinación de la migración que vele y pugne por los derechos humanos de las personas en tránsito, lo cual, ha generado una crisis de derechos. Dicho sistema, por las características migratorias actuales, debe articularse de manera que cubra los ámbitos nacional, regional y mundial.
En este sentido, existe una delgada línea entre el respeto a los Derechos Humanos y hacer cumplir las leyes migratorias de cada país; coexisten el derecho fundamental a la movilidad y la soberanía de los países, quienes pueden permitir o no el ingreso a su territorio, así como, los mecanismos y acreditaciones necesarias para ello. Ante lo anterior, no se pueden pasar por alto las complejas realidades de las cuales escapan los migrantes centroamericanos y, más aún, las duras condiciones y riesgos a los cuales se enfrentan en su camino al sueño americano.
Los migrantes, incluidos niños y adolescentes, suelen vivir y trabajar de forma irregular en condiciones deleznables, bajo amenaza o con salarios precarios donde la queja ocasiona violencia y propicia el miedo; esta privación de derechos y libertades los hace mucho más vulnerables a la discriminación, la explotación y la marginación, que al resto de la población.
Ante el panorama antes descrito, ¿cuál es la posición de México ante este fenómeno? Debemos reconocer que la frontera sur siempre ha sido un tanto borrosa donde no existen medidas de seguridad importantes, por ejemplo, es conocida la operación de los balseros guatemaltecos que trasladan personas todos los días a territorio mexicano. Sin embargo, en estos momentos el foco internacional está puesto en nuestro país, pues se están definiendo los alcances de las políticas migratorias, donde encontrar el justo medio entre los derechos humanos del migrante y el cumplimiento a la ley del país es crucial.
México no está preparado para recibir la cantidad de migrantes que se pronostica; hay aproximadamente 25 ventanillas de migración, donde la atención para tramitar una visa, un permiso o un refugio es individual. Además, solo el 10 o 15 por ciento de las personas trae consigo documentos de identificación, como pasaporte. Por una parte, el país está obligado a respetar las leyes migratorias y permitir la entrada ordenada; por otra, la situación de violencia en el sur de nuestro país es muy aguda.
En 2019, Estados Unidos y México firmaron un acuerdo migratorio que ha empeorado el desastre humanitario en las fronteras mexicanas, la de Estados Unidos y al sur de México. Bajo el pacto, México acordó desplegar a la Guardia Nacional en sus fronteras sur y norte, tomar medidas enérgicas para detener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos y permitir la expansión de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP, conocido como “Quédate en México”), obligando a miles de personas solicitantes de asilo a esperar en peligrosas ciudades fronterizas mexicanas para sus audiencias de asilo en los Estados Unidos, según información de WOLA.
La pandemia ocasionada por COVID-19 ha generado, evidentemente, un endurecimiento de las políticas para los flujos migratorios centroamericanos; así, durante 2020 el expresidente estadounidense, Donald Trump, publicó tuits que amenazaban con imponer aranceles punitivos a todos los bienes mexicanos importados en caso no fungir como un muro virtual o persuadir a los migrantes en tránsito para desistir en su camino al vecino del norte.
Sin embargo, con el cambio de administración reciente, el gobierno estadounidense se comprometió nuevamente a continuar el trabajo con México y contrapartes regionales e internacionales para abordar las causas fundamentales de la migración de Centroamérica. Para ello, el pasado 7 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Durante la conversación, el gobierno mexicano planteó la posibilidad de atender el asunto migratorio en Centroamérica y la disposición de México para sumar voluntades en programas de combate al tráfico de personas, orientación, bienestar y protección de los derechos humanos, particularmente de niñas y niños.
Finalmente, para ser exitosa, la colaboración entre las dos naciones deberá fincarse en una estrategia migratoria basada en los derechos humanos, situando al migrante en el centro de las medidas políticas y de coordinación, y prestando especial atención a la situación de los grupos de migrantes marginados y desfavorecidos.
Un enfoque así también velará por la inclusión de los migrantes en las estrategias y los planes de acción nacionales pertinentes, tales como los relativos a la oferta de vivienda pública o las estrategias nacionales para combatir el racismo y la xenofobia.
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