Estados Unidos, México y Centroamérica: migración y COVID-19

Nuestro académico, el Dr. Carlos Barrachina, comparte con la comunidad universitaria su análisis sobre migración y COVID-19.

El Dr. Carlos Barrachina Lisón, coordinador de Seguimiento y Titulación y Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Anáhuac México, comparte con la comunidad universitaria su más reciente artículo titulado “Estados Unidos, México y Centroamérica: migración y COVID-19”.

“Estados Unidos, México y Centroamérica: migración y COVID-19”

La migración de Centroamericanos hacia los Estados Unidos no se va a detener por la pandemia del COVID-19. Esta va a mostrar la debilidad de los sistemas sanitarios nacionales, la inutilidad de la estrategia del cierre formal de las fronteras y la necesidad de mucha gente de migrar. El crimen organizado va a desempeñar un papel importante ofreciendo estrategias para cubrir la demanda de desplazamiento de migrantes con estructuras de apoyo a través de México.

La organización de los migrantes en caravanas no implicó necesariamente un incremento del flujo de paso de migrantes, que no se puede medir únicamente con el número de detenciones de los Estados Unidos. El mayor número de aseguramientos lo único que ha evidenciado es el interés partidario de Donald Trump, que ha situado a los migrantes centroamericanos en el centro de su agenda política-electoral.

La pandemia del COVID-19 en la región
En el momento en que se escriben estas líneas, a 18 de abril del 2020, y a pesar de las dudas sobre la veracidad o precisión de los datos que se publican en varios países, en los Estados Unidos se han reconocido 723,729 contagios de COVID-19 y 37,841 fallecidos. En México 6,845 casos y 546 muertos. En Honduras 447 y 46; en El Salvador 190 y 7; en Guatemala a 235 y 7; en Belice 18 y 2 y en Nicaragua 9 y 1.

El día 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 oficialmente como pandemia. Ese mismo día el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pesar de no contar con casos de enfermos que hubieran resultado positivos, declaró que no se permitía desde ese momento que entraran extranjeros a su país. El día 15 decretó el cierre de las fronteras y el 18 se prohibieron las operaciones de transporte de pasajeros en el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, que es utilizado por diferentes compañías aéreas como plataforma de transbordo de vuelos en Centroamérica.

El 22 de marzo, ya con 3 casos confirmados, este país inició su cuarentena y las autoridades detuvieron a 112 personas por no respetar la misma. Esta dinámica se ha institucionalizado y se ha tornado recurrente, lo que ha llevado a que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución que prohíbe al gobierno seguir con las detenciones. La continuidad de esta política y el anuncio del presidente de que no acatará la resolución de la Corte, ha vuelto a poner en alerta a las organizaciones internacionales por el posible quiebre de la legitimidad democrática en El Salvador.

Honduras tampoco tardó mucho en reaccionar. El día 15, Juan Orlando Hernández decretó el cierre de sus fronteras, excepto para el regreso de connacionales. Ya con 6 casos positivos, ese mismo día se determinó declarar el estado de sitio y la cuarentena. Dos días más tarde Guatemala sigue los pasos, en ese momento con 6 casos y un fallecido; procediendo a cerrar las fronteras aéreas, terrestres y marítimas (recientemente el presidente Giammattei ha denunciado que 17 casos positivos detectados en Guatemala son de migrantes deportados desde los Estados Unidos, y ha prohibido también la recepción de vuelos que tengan el fin de retornar ciudadanos guatemaltecos). A pesar de no presentar ningún caso positivo, Belice hace lo mismo el 21 de marzo y cierra sus fronteras.

Detrás de todas estas acciones se encuentra el miedo al colapso de un casi inexistente sistema de salud, pero también un autoritarismo populista poco disimulado de buena parte de mandatarios de la región. A partir de este aislamiento, es complicado conocer con certeza la verdadera expansión de la epidemia en estos países, aunque la oposición partidaria, el periodismo independiente y las redes sociales darán cuenta de un posible colapso de los sistemas de salud, si desgraciadamente la situación se complica en el futuro.

La rápida acción del presidente de El Salvador ha recibido muchos elogios, y parece que de momento es respaldado mayoritariamente por la opinión pública de su país por haber “reaccionado a tiempo” y haberse dado cuenta del peligro que representa la pandemia. Sin embargo, también se han levantado críticas por la falta de empatía con los sectores populares que difícilmente pueden mantenerse confinados y por provocar un enfrentamiento con los poderes legislativo y judicial, que han llevado a una nueva crisis constitucional e institucional.

Este cierre de las fronteras, lamentablemente, no ha logrado impedir el contagio de connacionales, aunque quizás si permitió retrasar el proceso de expansión del virus.

México y Nicaragua han seguido estrategias distintas. Ninguno de los dos países ha cerrado de forma completa sus fronteras, ni ha declarado un estado de sitio militarizado.

México ha diseñado una política gradual, que ha sido criticada por diferentes sectores sociales. Sin embargo, el gobierno ha tratado de aportar certeza y transparencia de forma diaria a través de las ruedas de prensa del sector salud, cuyo portavoz es el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, que ha sabido ganarse el reconocimiento de una gran mayoría de mexicanos.

Se ha tratado, con esta estrategia gradual, limitar las graves consecuencias sobre la economía que esta pandemia va a traer. Se ha tenido muy presente que los sectores sociales en situación de pobreza y las clases medias de muy escasos recursos difícilmente pueden cumplir con una estrategia de confinamiento extremo. Finalmente, se ha solicitado el apoyo de la gente, aportando información a través de las ruedas de prensa, para que estos se queden en su casa y guarden medidas sanitarias básicas para retrasar en lo posible el contagio masivo y el colapso del sistema de salud.

En estos momentos, el debate y el esfuerzo se centra en qué hacer en los últimos momentos para fortalecer un sistema de salud muy débil, antes de que este inicie su proceso de desgaste o de falta de respuesta para una situación de incremento de la enfermedad entre la población. Se prevé que los contagios aumenten en las próximas semanas y que la pandemia afecte de forma aguda a la población mexicana.

Ello es más complicado en muchas entidades federativas, que tienen estructuras sanitarias menos sólidas que las que se tienen en el área metropolitana de la Ciudad de México.

En unos sitios existen medidas severas de movilidad e incluso represión ciudadana, mientras que en otros se permite mayor libertad de movimientos, como ha prescrito la federación.

En este contexto de tensión política y de falta de liderazgo, se ha visto afectada incluso la solidaridad entre entidades federativas. El caso de Yucatán es paradigmático. Mérida es un importante destino médico, en donde se concentran hospitales regionales especializados públicos y privados que atienden también a pacientes de Campeche y Quintana Roo. A pesar de esa responsabilidad, y que la economía local se haya beneficiado desde hace muchos años de sus vecinos, las autoridades locales han decidido restringir el acceso a la ciudad y no autorizar que lleguen ni particulares, ni ambulancias con pacientes de los estados vecinos.

El gobierno nicaragüense ha hecho caso omiso de cualquier recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de las experiencias que están sufriendo otras naciones en el mundo. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, no ha aparecido en público, excepto para recomendar a la población, que la mejor prevención que podían asumir era la de huir a Costa Rica y utilizar los servicios de salud de ese país y, más recientemente, para señalar en televisión que la epidemia era una señal de Dios. Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, ha asumido la responsabilidad del gobierno y ha lanzado una política que convoca a la gente a permanecer en la calle, y organiza concentraciones como la que tuvo lugar el 14 de marzo bajo el lema “Amor en tiempos de COVID-19”. La idea de desplazarse a Costa Rica ha sido tan interiorizada, que el 26 de marzo se tuvo que movilizar al ejército nicaragüense para impedir la salida de connacionales por pasos no formales hacia la nación vecina.

La crisis del COVID-19 en Nicaragua coincide con el segundo aniversario de las protestas estudiantiles de abril del 2018, cuya respuesta gubernamental resquebrajó de forma definitiva la legitimidad del gobierno Ortega-Murillo, provocó que buena parte de la población políticamente activa se tuviera que exiliar, fuera torturada y/o encarcelada, y que los pocos controles políticos que existían desde la sociedad civil o la prensa se eliminaran en el país.

Esta política que niega las medidas de contención y preparación para la pandemia se ha convertido en un factor de preocupación regional, no únicamente por los efectos que pudiera tener para los ciudadanos nicaragüenses, sino por la previsible afectación para todos los países en su conjunto, al facilitarse la permanencia de un importante foco de infección que difícilmente va a ser aislado por fronteras políticas y puestos de control nacionales.

En estos momentos el gran foco de infección regional se encuentra en los Estados Unidos. La pandemia se expande tan rápido que ello no es muy relevante. De hecho, varios se preguntan cómo puede ser que una frontera política condicione números tan disimiles de contagios entre naciones vecinas. Quizás esa diferencia no es tan real y sea la falta de pruebas de contagio, o la simulación política, lo que pudiera hacer que los números de enfermos en México y en Centroamérica sean moderados, en comparación a los Estados Unidos. A pesar de ello, lo que es cierto es que ni los sistemas de salud de México ni de los países de la región han experimentado la fuerte sacudida negativa que ya han recibido varias zonas de la unión americana.

La migración hacia los Estados Unidos
El presidente Donald Trump ha convertido en los últimos años el asunto de la migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos en un asunto de política interna. En los suburbios de las principales ciudades estadounidenses residen importantes comunidades de origen centroamericano que se han ido consolidando en los últimos 30 años. El hecho de que esta nación sea en estos momentos el centro regional de la pandemia, no va a disuadir a los migrantes de seguir desplazándose hacia los Estados Unidos, como tampoco lo hizo el incremento de la violencia en México y la guerra abierta entre grupos del crimen organizado.

Desde su campaña electoral, Trump hizo suya la bandera de construir un muro en la frontera de México (que debía ser pagado por los mexicanos) para impedir el paso de migrantes. A consecuencia del recrudecimiento de la violencia en México, desde finales del 2019 se organizaron 13 caravanas de migrantes que se volvieron muy noticiosas por la visibilidad del fenómeno, pero que únicamente reflejaban la punta del iceberg de una situación mucho más complicada.

En ese mismo año, México y Estados Unidos estuvieron manteniendo un pulso sobre cuál debía ser el curso a seguir frente a la crisis política y económica que se vive en Centroamérica, y que está empujando a tanta gente a desplazarse a otros países. La administración de Andrés Manuel López Obrador planteó inicialmente su intención de promover una política de desarrollo económico regional, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Por su parte, Donald Trump señaló claramente que únicamente las medidas militarizadas y la contención de la migración eran una solución eficiente.

El surgimiento de las caravanas le dio el argumento al presidente republicano para forzar a México, a través de la amenaza de una subida de impuestos sobre productos exportados, para que este país controlase militarmente la frontera sur. Se obligó a que la recién creada Guardia Nacional, diseñada para dar respuesta al aumento de la violencia en México, destinara buena parte de sus elementos para cumplir de forma improvisada esta nueva encomienda.

No hay forma de justificar este interés de Trump, salvo ciñéndonos a su agenda política nacional. No se puede probar que las caravanas incrementaran el paso de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos. El mayor número de detenciones de migrantes, que se ha presentado en el año 2019, no obedece necesariamente al aumento de paso de indocumentados, considerado en este discurso como una especie de “invasión” de extranjeros, sino a un interés político de neutralización de migrantes.

Es muy difícil conocer el número aproximado de centroamericanos que transitan por México. El canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó en el año 2019 que eran unos 500,000 al año. Se basaba en las estadísticas de detenciones de los Estados Unidos, que entre en 2014 y en 2018 detuvieron anualmente ese número de indocumentados, pero no incluye a los que lograron pasar ni a los que intentaron el cruce en varias ocasiones. Tampoco se toma en cuenta a los detenidos y regresados por México ni a los centroamericanos que se quedaron a residir de forma documentada o indocumentada en México. Entre el 2001 y el 2018, México repatrió a 2 millones 142 mil 852 centroamericanos y cubanos. Los Estados Unidos, entre el año 2014 y el 2019, detuvieron 2 millones 960 mil 500 migrantes en su frontera sur. Solo en el 2019, Estados Unidos retuvo en su frontera sur a 977 mil 509, y México a 298 mil 211.

El movimiento migratorio de centroamericanos es importante desde hace años, y no se ha detenido pese a las dificultades del camino o el contexto adverso.

Analizando históricamente el número de repatriaciones de centroamericanos y cubanos realizadas por México, se evidencia con claridad la tesis del interés político, que es cambiante, ya que se visualizan cuatro etapas muy definidas.

Desde el 2001 al 2007 se repatrió a 1 millón 127 mil 812 centroamericanos y cubanos en un periodo marcado por la inercia del Plan Sur, que después del atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, en Nueva York y Washington, endureció la política.

Desde el 2008 al 2013, en la etapa en la que se cambia la Ley General de Población, modificando el concepto de “ilegal” por “indocumentado”, se impulsa en la legislación el concepto de Derechos Humanos y se relaja la política de repatriación. Únicamente se deportan a 367 mil 362.

Del 2014 al 2018, derivado del Plan Frontera Sur y de la estrecha relación con las políticas de securitización de los Estados Unidos hacia la región, se vuelve a incrementar el número de retornados a 626 mil 280.

La cuarta etapa inicia en el 2019 y, si bien al principio planteó un escenario de mucha tensión por la preferencia de México por apostar por el desarrollo regional en lugar de seguir con la política anterior, a partir de la amenaza de aranceles del presidente Trump de finales de mayo del 2019, esta se decantó a seguir la política que obligó los Estados Unidos.

En este contexto de cambio del interés político, en el año 2010 las primeras noticias de secuestros de migrantes en México se observaron desde una visión de seguridad humana, y desembocaron en la introducción del concepto de derechos humanos en la legislación migratoria mexicana. En la actual crisis, la influencia de los Estados Unidos y del discurso de su presidente están conduciendo a que haya existido una percepción errónea en México sobre la crisis de seguridad nacional en relación al fenómeno migratorio, así como una alarma entre la población mexicana y entre sectores importantes de la administración pública.

Esta alarma es infundada. En México la convivencia entre los habitantes de la zona fronteriza con Guatemala y Belice, que tiene una extensión aproximada de 1,158 kilómetros, nunca ha generado mayores problemas. Se implantaron tarjetas de visitante temporal y de trabajador fronterizo a finales de los años noventa, para regularizar el habitual tránsito indocumentado, y existe registro que desde el año 2006 al 2018 se han producido 26 millones 972 mil 483 cruces documentados, además de los que se han seguido desarrollando de forma indocumentada por razones de vecindad, comercio o visitas familiares.

Por otra parte, las diferentes comunidades de extranjeros documentados en México, con algún tipo de tarjeta migratoria diferente a la de turista, son relativamente pequeñas, y las facilidades para regularizar la situación ha sido sencilla en los últimos años. En el año 2018 había en México 352 mil 935 extranjeros documentados; de ellos, únicamente 83 mil 330 son centroamericanos. Los naturalizados en México tampoco representan un número muy importante. Entre el año 2000 y el 2017 obtuvieron la nacionalidad mexicana 65 mil 703 personas; de ellos, entre el 2004 y el 2016 se naturalizaron 25 mil 397 centroamericanos y de otros países vecinos (Cuba, República Dominicana, Haití, Venezuela y Colombia), que representan el 51.4% del total.

La migración de centroamericanos y el COVID-19
La pandemia del COVID-19 plantea una oportunidad de negocio para el crimen organizado, que va a buscar satisfacer la demanda de estructuras de apoyo a través de México, para que los migrantes centroamericanos sigan desplazándose y cruzando hacia los Estados Unidos. En los próximos meses se visualizará si los Estados Unidos y México tienen las capacidades suficientes para atender la pandemia y continuar con la política de neutralización de los migrantes en tránsito.

Los Estados Unidos han identificado la fuerza y la oportunidad histórica que tiene el crimen organizado en esta coyuntura. Trump reconoció la amenaza a finales de marzo del 2020 y está tratando de responder desplegando un importante número de fuerzas militares tanto en el Caribe como en el Pacífico.  

La relación de los Estados Unidos con la región es de ida y vuelta. En buena medida el mercado estadounidense de las drogas y la libre disposición de armas en ese país es el que ha alimentado a los grupos del crimen organizado. También la política de repatriación de centroamericanos acusados por diferentes delitos hizo aumentar de forma muy relevante el número de delincuentes en la región. En las últimas semanas, las críticas que ha recibido el presidente Trump en relación a reducir las detenciones de migrantes para no aumentar la población y contagios en los centros de detención, ha llevado a un nuevo endurecimiento de la posición del gobierno estadounidense frente a los migrantes.

Unido a la política “Remain in México”, que desde hace aproximadamente un año mandata que los migrantes centroamericanos tengan que esperar la resolución de sus solicitudes de asilo en México, existen noticias de que las autoridades estadounidenses están repatriando a mexicanos y centroamericanos sin seguir los protocolos adecuados en este momento de pandemia. Ello puede convertirse en un factor de dispersión del virus, en el caso de remitirse migrantes infectados sin haberles brindado la atención médica oportuna.

Desde el 18 de marzo Trump rechazó la entrada al país de solicitantes de asilo, y desde el 21 decretó el cierre parcial de la frontera entre los Estados Unidos y México. Por otra parte, se suspendieron las actividades de los juzgados, por lo que el aproximado de 60,000 centroamericanos que están esperando sus resoluciones en diferentes puntos del norte y del sur de México, tendrán que seguir haciéndolo en condiciones muy precarias y de gran vulnerabilidad frente a la epidemia. En muchos albergues en México empieza a cundir la preocupación por no existir las condiciones ni los espacios para poder atender a migrantes enfermos.

El cierre formal de las fronteras no tiene mucho efecto en la voluntad de migrar de muchas personas, como se está mostrando en diferentes partes del mundo, y evidencia el propio flujo migratorio centroamericano. Cada día se desplazan cientos de migrantes hacia los Estados Unidos a través de México, cruzando las porosas fronteras de la región, y el crimen organizado se ha ido convirtiendo cada vez más en un actor relevante en este tránsito.

Los migrantes no se desaniman por los efectos del virus en los Estados Unidos o por la previsible fuerza que pueda adquirir en México. Los sistemas sanitarios en todos sus países de origen son muy débiles, y saben que una situación sanitaria complicada no se va a superar de una mejor forma en sus lugares de origen que en el camino hacia el norte.

El presidente estadounidense tiene claro que el crimen organizado va a tratar de aprovechar esta oportunidad para desarrollar sus diferentes actividades. Identificada esta amenaza, Trump ha ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares a quien entregue información para facilitar la captura de Nicolás Maduro, y ha afirmado que doblaría la presencia militar tanto en el Caribe como en el Pacífico para tratar de impedir el tránsito de drogas. En Venezuela se señala que la movilización militar estadounidense, que inició el 1 de abril y que ahora sí plantea una clara amenaza al régimen bolivariano, responde a una distracción sobre el efecto de la pandemia en los Estados Unidos, pero sea como sea evidencia una preocupación y un reconocimiento sobre la fortaleza de los diferentes grupos del crimen organizado en la región.

¿Cuál es el verdadero objetivo de Trump? Es difícil de anticipar, porque pueden ser varias las razones de esta movilización; sin embargo, su argumento apoya la hipótesis que se presenta en este análisis en relación a que el crimen organizado va a seguir operando durante la contingencia y va a tratar de seguir impulsando sus diferentes actividades y agendas delictivas.

El crimen organizado no solo mueve drogas. Son múltiples las actividades en las que están haciendo negocios. La trata de personas y el movimiento de migrantes hacia los Estados Unidos son algunas de esas actividades y las que interesan en esta reflexión.

¿Qué capacidad van a tener los Estados Unidos y México en este contexto para seguir manteniendo una política de neutralización tanto de los diferentes grupos delincuenciales como del paso de migrantes en los próximos meses?

Dependerá en mucho de la evolución y de los efectos de la pandemia, pero es más plausible considerar un escenario cercano en el que se abran posibilidades para el paso organizado de migrantes a través de México, que el de un control ordenado de fronteras y territorios por parte del Estado.

Es previsible que se dificulte el paso individualizado espontáneo de ciudadanos centroamericanos sin estructuras de apoyo a lo largo del viaje, con albergues saturados y comunidades encerradas en sus casas, pero el interés y la necesidad de paso van a seguir existiendo. Va a ser más peligroso y más caro, y el flujo difícilmente se va a detener. Es muy probable que tal y como lo señala Trump, el crimen organizado vea esta situación como una oportunidad de negocio y que se generen nuevas estrategias para satisfacer esta demanda.

Los filtros sanitarios locales o los controles en las principales carreteras pueden ser una dificultad para el desplazamiento de la ciudadanía, o de migrantes sin estructuras de apoyo, pero para el crimen organizado esta situación va a ser un área de oportunidad.

Conclusión
Los Estados Unidos, México y Centroamérica forman parte de un espacio regional interconectado del cual difícilmente escapan los países que lo integran. Los Estados Unidos privilegian la estrategia de seguridad para neutralizar tanto el paso de migrantes como las actividades del crimen organizado, y tienen pocas dudas que estos están íntimamente ligados a diferentes actores estatales.

Los efectos de la pandemia del COVID-19 abren preguntas sobre la capacidad de los Estados Unidos y México para continuar y sostener esta estrategia. El crimen organizado va a aprovechar esta coyuntura para continuar con sus actividades, entre ellas, va a ofrecer posibilidades a los migrantes para trasladarse a través de México.
Esta interconexión regional va a quedar evidenciada por las diferentes oleadas de contagios que probablemente genere esta crisis sanitaria, por la persistencia de las actividades del crimen organizado y por la continuidad del flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos. Ello debería hacer reflexionar sobre la imposibilidad del aislamiento y sobre oportunidad de buscar nuevas estrategias de desarrollo de los países de la región.

Las diferentes respuestas a la pandemia en la región también van a mostrar el autoritarismo de las elites locales y su falta de capacidad para responder a las necesidades de su población sin salirse de los parámetros democráticos.

*Carlos Barrachina Lisón es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) desde el año 2007.

Se desempeña como coordinador de Seguimiento y Titulación y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México. Ha sido profesor titular de la Universidad de Quintana Roo y profesor asociado del Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa en Washington DC (2000-2004). Realizó estancias de investigación en London School of Economics, así como en la Universidad de Miami y la Universidad de Birmingham.

Sus líneas de investigación son: relaciones civiles-militares, gestión de la seguridad pública, política en Centroamérica, migraciones y transiciones políticas.