Trasplantes y 77ª Asamblea Mundial de Salud

27 de junio de 2024

Autor: Juan Manuel Palomares Cantero

Introducción

La reciente 77.ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra (mayo 2024), nos ha dejado una resolución pionera que tiene el potencial de cambiar vidas en México y en todo el mundo. Impulsada por España, esta resolución busca mejorar la disponibilidad, el acceso ético y la supervisión de los trasplantes de células, tejidos y órganos humanos. Este avance no solo es relevante por su impacto directo en la salud, sino también por las implicaciones éticas y legales que aborda.

Desde 2010, el número de trasplantes ha aumentado significativamente. En 2022, se realizaron más de 150,000 trasplantes de órganos sólidos, lo cual representa apenas el 10% de la demanda mundial. Este desbalance se traduce en la necesidad urgente de sistemas más robustos y equitativos, especialmente en países con recursos limitados como México. La resolución no solo busca incrementar la disponibilidad de órganos, sino también prevenir prácticas ilícitas como el turismo de trasplante y el tráfico de órganos. Estos delitos no solo afectan a los más vulnerables, sino que además erosionan la confianza en los sistemas de salud.

En México, la implementación de esta resolución requerirá una serie de medidas concretas. Es fundamental integrar las actividades de donación y trasplante en los sistemas de atención de salud, garantizando que la donación sea una opción viable al final de la vida. Además, se debe proteger a los donantes vivos, asegurando que no sean explotados y que reciban el seguimiento adecuado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha comprometido a desarrollar una estrategia global sobre donaciones y trasplantes, a presentarse en 2026. Esta estrategia será clave para establecer un día mundial del donante, fomentando la concienciación y comprensión pública sobre la necesidad de la donación altruista. Para México, este acuerdo representa una oportunidad única. Con un sistema de salud en proceso de modernización y una creciente conciencia social sobre la importancia de la donación de órganos, podemos aspirar a un futuro donde todos los mexicanos tengan acceso a tratamientos que salvan vidas. No obstante, este camino no estará exento de desafíos.

Es importante que se fortalezcan los marcos legislativos y la infraestructura necesaria para el trasplante de órganos. La cooperación internacional y el apoyo técnico de la OMS serán fundamentales para lograr estos objetivos. México debe tomar medidas proactivas para alinear sus políticas de salud con esta resolución, priorizando siempre el bienestar y la dignidad de sus ciudadanos.

Además de los trasplantes necesarios para salvar vidas, es fundamental que las políticas públicas de salud en México también consideren aquellos trasplantes que, aunque no sean vitales, representan soluciones significativas para los pacientes. Un ejemplo claro es el trasplante de cara, que actualmente solo se puede realizar gracias al esfuerzo de la iniciativa privada, ya que no existe un recurso público para ello. Integrar estos procedimientos en las políticas públicas garantizaría un abordaje más integral y equitativo de la salud.

En el corazón de esta resolución existe un compromiso profundo con la bioética, un campo que nos recuerda la importancia de respetar la vida física y la dignidad humana. La bioética nos invita a promover principios éticos fundamentales como la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia y el bien común. La solidaridad nos llama a reconocer y responder a las necesidades de nuestros conciudadanos, especialmente los más vulnerables. En el contexto de los trasplantes, esto significa trabajar juntos para asegurar que todos tengan acceso a los tratamientos necesarios para salvar vidas, independientemente de su situación económica o geográfica. La subsidiariedad nos recuerda que las decisiones deben tomarse al nivel más cercano posible a los individuos afectados, respetando su autonomía y capacidad de decisión. En los trasplantes, esto implica respetar y apoyar las decisiones de los donantes y sus familias, proporcionando la información y el apoyo necesarios para tomar decisiones informadas y libres de coacción. La justicia exige que distribuyamos los recursos de salud de manera equitativa, garantizando que todos tengan acceso a los beneficios del trasplante. Esto implica no solo aumentar la disponibilidad de órganos, sino también asegurar que los sistemas de salud sean capaces de proporcionar trasplantes de manera justa y equitativa. Finalmente, el bien común exhorta a considerar el bienestar de toda la comunidad en nuestras decisiones y políticas. En el ámbito de los trasplantes, esto significa crear sistemas que no solo salvan vidas, sino que también fortalecen la confianza pública y promueven una cultura de donación y apoyo mutuo.

La historia nos ha enseñado que los grandes avances en la salud pública no se logran de la noche a la mañana, sino a través de esfuerzos concertados y sostenidos. La reciente resolución de la Asamblea Mundial de la Salud es un recordatorio de que, cuando los países se unen con un propósito común, se pueden lograr cambios significativos. Para México, el desafío está en transformar este compromiso global en acciones locales concretas que beneficien a todos sus habitantes. La "Declaración de Santander", surgida de la Cumbre Global de Trasplantes organizada por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en noviembre de 2023, bajo la Presidencia Española de la Unión Europea, ha sido fundamental en la adopción de esta resolución. Esta declaración, respaldada por la OMS y diversas organizaciones internacionales, subraya la importancia de proteger a los donantes vivos y promover la donación tras el fallecimiento. También insiste en la necesidad de innovación y en la regulación de terapias derivadas de sustancias de origen humano, garantizando así la accesibilidad y sostenibilidad de los sistemas sanitarios. La resolución de la 77.ª Asamblea Mundial de la Salud es un paso trascendente hacia un sistema de trasplantes más justo y accesible. Ahora, la tarea es de todos los países, incluyendo México, para implementar estas directrices y garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de recibir tratamientos que salvan vidas.

Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.

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