Ana Estrada, eutanasia y la carga para los terceros

26 de abril de 2024

Autor: Juan Manuel Palomares Cantero

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Introducción

La eutanasia, entendida como la práctica de permitir la muerte digna de individuos que sufren de enfermedades incurables o debilitantes, ha provocado un intenso debate ético y legal en múltiples sociedades, incluida Perú. Esta práctica no solo implica la decisión autónoma del paciente, sino que también involucra a terceros —profesionales de la salud que ejecutan el procedimiento— y a la sociedad en general, que observa y, eventualmente, financia esta práctica a través de recursos públicosⁱ.

El caso de Ana Estradaⁱⁱ, la primera mujer peruana en recibir la eutanasia tras una prolongada lucha legal, subraya la complejidad de estos dilemas. Diagnosticada a los doce años con poliomiositis, una enfermedad autoinmune y degenerativa, Ana luchó por su derecho a morir con dignidad, lo que culminó con una histórica sentencia favorable por parte del Estado peruano. Su caso no solo cambió su vida, terminó con ella, y también marcó un precedente legal y un punto de inflexión en la percepción pública sobre la muerte asistida en Perú. Ana Estrada, en sus propias palabras, no luchó por morir sino por la "seguridad de no sufrir intolerablemente", destacando la importancia de preservar la dignidad humana por encima del dolor y el sufrimiento prolongado.

La finalidad de estas líneas, es explorar los dilemas éticos que surgen no solo del acto mismo de terminar una vida a petición del paciente, sino también de las consecuencias que tal acto implica para terceros involucrados y para la estructura social y financiera de una nación. Al profundizar en las complejas interacciones entre la autonomía individual, la ética médica, y las responsabilidades sociales y económicas, se revela un panorama donde las decisiones legales y éticas se entrelazan con los valores culturales y personales de una sociedad diversa y en constante evolución.

La historia de Ana Estrada y la reacción de la sociedad peruana ilustran claramente el debate continuo y la evolución de las normas que rodean a la eutanasia, un tema que no solo toca la medicina y la ley, sino que también cuestiona profundamente nuestras creencias morales sobre la vida, la muerte y la libertad individual.

1. El papel de los terceros en la eutanasia

La eutanasia, al implicar la terminación intencionada de una vida humana por razones de compasión, coloca una carga ética y emocional considerable sobre los profesionales de salud que la ejecutanⁱⁱⁱ. Estos profesionales, ya sean médicos, enfermeras o asistentes médicos, enfrentan un dilema profundo: aunque la eutanasia puede ser vista como un acto de alivio al sufrimiento extremo, contradice el principio médico fundamental “primum non nocere”, primero no hacer daño, esencialmente orientado a curar y salvar vidas^iv.

La práctica de la eutanasia no solo puede impactar negativamente el bienestar psicológico de quienes la ejecutan a largo plazo, sino que también los coloca en el controvertido rol de verdugos. En este contexto, un verdugo es aquel profesional de la salud que lleva a cabo acciones que concluyen directamente con la vida de un paciente, una responsabilidad que puede ser psicológicamente devastadora y que, esencialmente, no se alinea con los principios fundamentales de la medicina de preservar la vida y aliviar el sufrimiento, no es un acto médico. Estos profesionales a menudo enfrentan síntomas de estrés postraumático, culpa o duda, especialmente cuando la toma de decisiones sobre la vida y la muerte se convierte en una rutina^v. Frente a estos desafíos, los cuidados paliativos se presentan como una alternativa ética centrada en mitigar el sufrimiento sin precipitar el final de la vida. Este enfoque promueve un modelo de atención que honra tanto la vida como el proceso natural de morir, evitando poner a los profesionales de la salud en situaciones que puedan comprometer su integridad emocional y ética^vi.

Para los profesionales de la salud, el apoyo institucional es crucial. Esto incluye no solo formación en cuidados paliativos y ética médica, sino también acceso a servicios de apoyo psicológico para manejar el estrés y los conflictos éticos inherentes a su labor. Estos recursos ayudan a los profesionales a mantener su integridad y compromiso con el cuidado compasivo, fortaleciendo su capacidad para ofrecer alternativas éticas al fin de la vida que respeten la dignidad y la autonomía del paciente.

El caso de Ana Estrada, que luchó por su derecho a una muerte digna, nos muestra la complejidad de las decisiones al final de la vida y el impacto profundo de estas decisiones en los profesionales de la salud involucrados. Estrada, a través de su lucha, no solo buscó aliviar su propio sufrimiento, sino que también desafió a la sociedad peruana a reflexionar sobre las normas éticas y legales que rigen la muerte asistida. Su caso resalta cómo la eutanasia, a pesar de ser vista por algunos como un acto de compasión, confronta directamente el principio fundamental de la medicina de no hacer daño, creando un dilema ético significativo para los ejecutantes.

2. La observación de la sociedad

La aceptación o rechazo de la eutanasia está influenciada por una variedad de factores sociales y culturales. Las diferencias culturales, religiosas y generacionales juegan un papel significativo en la percepción de esta práctica^vii. Por ejemplo, en culturas donde prevalece la idea de que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida y debe ser aceptado con resignación, la eutanasia puede ser vista con desconfianza o rechazo. En contraste, en sociedades donde se valora la autonomía individual y la calidad de vida, la eutanasia puede ser más aceptada como una opción legítima para poner fin al sufrimiento extremo.

La religión ejerce una influencia significativa en la percepción de la eutanasia, motivada por profundas convicciones sobre la sacralidad de la vida. En muchas tradiciones religiosas, se sostiene que solo Dios tiene la autoridad para decidir sobre el inicio y el final de la vida humana, lo que fundamenta la oposición ética y moral a la eutanasia dentro de estas comunidades. Este punto de vista se refleja en documentos como la Declaración Dignitas Infinita sobre la dignidad humana^viii donde se reafirma que el sufrimiento, incluso en sus etapas terminales, no merma la dignidad intrínseca de la persona, la cual debe ser respetada bajo todas las circunstancias. Por otro lado, algunas interpretaciones religiosas pueden admitir la eutanasia como un acto de compasión que alivia el sufrimiento insoportable, siempre que se realice dentro de un marco ético riguroso y con pleno consentimiento del individuo. Además, las diferencias generacionales también juegan un papel crucial en la aceptación social de la eutanasia. Mientras las generaciones más jóvenes pueden inclinarse hacia una visión más liberal y autónoma, enfocándose en los derechos individuales y la calidad de vida, las generaciones mayores suelen mantenerse apegadas a valores religiosos y tradicionales que valoran la preservación de la vida bajo cualquier circunstancia. Esta discrepancia puede crear un espectro diverso de opiniones y prácticas dentro de la misma sociedad, reflejando un equilibrio delicado entre el respeto a la autonomía personal y la adhesión a principios morales de largo arraigo.

Los medios de comunicación y la opinión pública desempeñan un papel crucial en la forma en que se discute y percibe la eutanasia. La cobertura mediática de casos individuales, como el de Ana Estrada en Perú, puede generar debates públicos y sensibilizar a la sociedad sobre los dilemas éticos y emocionales relacionados con la eutanasia. La representación de la eutanasia en los medios también puede influir en la opinión pública y en la formación de actitudes hacia esta práctica^ix.

Además, la opinión pública puede influir en las decisiones legislativas y éticas relacionadas con la eutanasia. Los políticos y los responsables de la formulación de políticas a menudo están atentos a las opiniones y preocupaciones de la sociedad en general al considerar la legalización o regulación de la eutanasia. Por lo tanto, los debates públicos y la movilización social pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de la legislación y las políticas relacionadas con la eutanasia.

3. Financiación pública de la eutanasia

La integración de la eutanasia en los sistemas de salud pública implica consideraciones económicas significativas, como el costo de desarrollar protocolos éticos y seguros, formar personal médico y establecer comités de revisión ética^x. La mayoría de estos costos serían financiados por el estado, planteando debates sobre la sostenibilidad y la asignación de recursos dentro del sistema de salud. Además, la eutanasia podría liberar recursos al reducir los costos asociados con tratamientos prolongados para enfermedades terminales.

Desde una perspectiva ética, el uso de fondos públicos para financiar la eutanasia es controvertido, enfrentando oposición de varios sectores y planteando cuestiones sobre la justicia en la distribución de recursos limitados. Existe la preocupación de que la disponibilidad estatal de la eutanasia pueda presionar a pacientes vulnerables a optar por ella para no ser una carga económica. Esta posibilidad afecta el principio de autonomía y la protección de poblaciones vulnerables.

El debate sobre la financiación pública de la eutanasia también debe considerar la diversidad de opiniones en una sociedad democrática, asegurando que todas las voces, incluyendo los detractores, sean escuchadas. Las decisiones sobre financiar la eutanasia con fondos públicos deben reflejar un amplio consenso social, demostrando que las políticas de salud pública respetan los valores y la ética de la mayoría. La financiación pública de la eutanasia no solo presenta desafíos logísticos y económicos, sino también dilemas éticos profundos que requieren un enfoque cuidadoso y respetuoso.

4. Evolución legal y sus desafíos

La legislación sobre la eutanasia en Perú se encuentra en una fase de debate intensificado, especialmente tras el caso de Ana Estrada, que ha impulsado un diálogo nacional sobre su legalización y regulación respetando la autonomía del paciente y las normas éticas. Aunque la ley peruana no permite explícitamente la eutanasia, el reconocimiento judicial del derecho de Estrada a una muerte digna sugiere la posibilidad de nuevas leyes con protocolos estrictos para su aplicación, como la verificación del consentimiento voluntario y evaluaciones por expertos médicos y éticos.

Enfrentar los desafíos legales y éticos de legislar sobre la eutanasia implica equilibrar la autonomía del paciente con los valores tradicionales médicos de preservar la vida, gestionar la objeción de conciencia de profesionales de la salud, y proteger a los pacientes de abusos y coerción mediante un marco legal robusto que supervise el proceso y proteja a todos los involucrados.

Conclusiones 

1. La eutanasia plantea dilemas éticos y emocionales significativos para los profesionales de la salud involucrados, quienes deben equilibrar su deber de no hacer daño con la compasión hacia el sufrimiento del paciente. 

2. Es esencial proporcionar apoyo institucional y formación continua en ética médica, bioética y cuidados paliativos para ayudar a los profesionales de salud a manejar las cargas asociadas con la implementación de la eutanasia en las leyes. 

3. El desarrollo legislativo debe avanzar para proporcionar un marco claro y seguro que regule la eutanasia, asegurando que se respeten tanto los derechos del paciente como los principios éticos fundamentales. 

4. La financiación pública de la eutanasia demanda un debate abierto y representativo dentro de la sociedad para garantizar que refleje un consenso amplio y que los fondos se administren de manera justa y eficiente. Sin embargo, el resultado de tales deliberaciones continuará enfrentando desafíos éticos y bioéticos significativos. Este proceso debe abordar las complejidades inherentes a la valoración de la vida y el alivio del sufrimiento, asegurando que todas las perspectivas, especialmente aquellas fundamentadas en principios éticos y bioéticos profundos, sean consideradas cuidadosamente. 

5. Es imprescindible establecer salvaguardas legales robustas para proteger a los pacientes vulnerables frente a cualquier coacción o abuso. Dichas medidas deben comprender protocolos estrictos para verificar un consentimiento libre y explícito por parte del paciente, así como realizar evaluaciones detalladas que aseguren su comprensión completa sobre las opciones médicas disponibles y las implicaciones de su elección. La transparencia y el respeto por la dignidad del paciente son esenciales en este proceso, garantizando que su decisión sea el resultado de una deliberación cuidadosa y libre de influencias externas inapropiadas. Sin embargo, la implementación de estas salvaguardas no resuelve por completo los dilemas éticos y bioéticos que conlleva la aplicación de la eutanasia.

Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.

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