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Una cadena de valor socialmente responsable

una cadena de valor

En el mundo de los negocios existen procesos que se deben realizar mediante una cadena de valor, en la actualidad se ha demostrado que las empresas que la implementan basándose en los diez principios del Pacto Global (UN Global Compact), son vistas con mejor perspectiva por parte de sus stakeholders. Los objetivos de este pacto están clasificados en cuatro directrices principales como son: 

  1. El respeto a los derechos humanos
  2. Buen ámbito laboral
  3. Preservación del medio ambiente
  4. Sistemas anticorrupción

 

Para que una cadena de valor pueda cumplir los lineamientos del pacto mundial, debe asegurar una distribución equilibrada de las actividades, garantizar que durante ningún proceso se abuse de los derechos humanos, permitir que los colaboradores puedan tener una libre asociación sindical y una negociación colectiva.

 

Además, la eliminación del trabajo forzoso e infantil y de la discriminación, así como contribuir al uso de tecnologías que contribuyan a la preservación del medio ambiente y vigilar que dentro de sus operaciones no se den prácticas de corrupción.

 

Las Naciones Unidas, en su ultimo reporte, mencionó que en la actualidad existen más de 12 mil organizaciones en 163 países, que cuentan con 76 redes locales. En México, desde 2005, se cuenta con la Red Mexicana del Pacto Mundial, a la cual se han adherido más de 700 participantes, este ecosistema empresarial permite difundir acciones, capacitar y brindar acceso a los directivos para que puedan mejorar el entorno global de sus actividades diarias.

 

Uno de los principales retos que afrontan las empresas mexicanas para cumplir con los objetivos del pacto mundial, es combatir la corrupción, tal y como lo demostró Transparencia Internacional en su informe de 2018, en donde a nivel mundial México se situó en el lugar 138 de 180, y en el 28 de 32 a nivel regional, solamente por encima de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.

 

La percepción de corrupción dentro del país no se basa exclusivamente en los sobornos a funcionarios gubernamentales, en donde el 51 % de los encuestados afirmaron haber tenido que realizarlo para obtener un trámite o servicio, también se considera que dentro de las mismas organizaciones existe este tipo de prácticas.

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