Urgente reactivar la inversión
Las cifras oportunas de la actividad económica en el cuarto trimestre en 2018 confirmaron la desaceleración en México (apenas con un avance de 0.2%, en términos desestacionalizados). El sector industrial contribuyó mayormente al resultado: perdiendo fuerza la minería (sobre todo la rama petrolera), manufactura y construcción. Esta última, registró en diciembre del año pasado, el segundo mes de caída libre fruto de la mayor incertidumbre; así como de mayores tasas de interés y menor inversión pública. Asimismo, la Inversión Extranjera Directa suspendió su racha alcista y cayó en el último trimestre del año pasado en 28%, respecto del mismo periodo del 2017. Por lo que la economía creció a un ritmo real anual de 2.0%, el año pasado, cifra similar a la del 2017 y por debajo de la expectativa de principios de 2018, que se ubicaba en 2.3%.
Este patrón de mayor debilidad económica continúa a principios de 2019. De por sí, la contracción de las importaciones de capital en diciembre apuntaba ya hacia un menor nivel de producción industrial y de inversión y algunos eventos y decisiones tomadas por la nueva administración han enrarecido el clima de negocios. Entre éstas pueden mencionarse: la cancelación del NAIM y suspensión de las subastas de petróleo y eléctricas; huelgas en maquiladoras en Matamoros; desabasto de gasolina y bloqueo de vías férreas en Michoacán. Estos factores se suman al hecho de los tradicionalmente asociados al primer año de un nuevo gobierno, como son: un retraso del gasto público y desplazamiento de la inversión, que inciden negativamente en el crecimiento.
El informe más reciente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, muestra una complicación en las finanzas públicas ya desde el primer mes de este año, al registrase una caída de 7.5% de los ingresos respecto al mismo mes del 2018. Se trata de la reducción más pronunciada en este rubro, desde 2009 y la estimación de la dependencia quedó corta en 24,419 millones de pesos conforme a lo planeado. El ingreso del petróleo (52.3% menor respecto a enero de 2018) y la baja recaudación (12.3% menor en IVA, en igual lapso) fueron los causantes de dicha baja. Así, la agencia S&P, cambió de estable a negativa la perspectiva de la calificación de deuda soberana del país, después de que Fitch también hiciera lo mismo en octubre pasado tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Los argumentos ahora, se sustentan a los riesgos derivados de menor crecimiento económico y de las presiones para las finanzas públicas, por el apoyo extraordinario del gobierno a Pemex.
En este sentido lo que S&P está visualizando es que el problema es que el fortalecer a Pemex no asegura realmente mayor producción, por tratarse de pozos maduros con poco petróleo, en cambio sí significa una afectación a las finanzas públicas porque al suspender las subastas, el gobierno se cerró de tajo una puerta para obtener mayores ingresos petroleros. Además de que no se está proponiendo ningún plan estructural a corto y mediano plazos como mejora en proceso operativos y gerenciales en la empresa productiva del estado ni tampoco reanudar alianzas con empresas privadas (que sustituyan los “farmouts”).
Una problemática es que, con esta caída abrupta de recaudación, hacer frente a todos los programas sociales del nuevo gobierno se vuelve más complicado y se convierte en obstáculo al logro de los objetivos fiscales.
En este ámbito, la autoridad monetaria revisó hacia la baja sus estimaciones de crecimiento económico, publicando un nuevo intervalo entre 1.1% y 2.1% para 2019 y para 2020 entre 1.7% y 2.7%. No cabe duda, que el balance de riesgos macro financieros se ha deteriorado ante la incertidumbre en el entorno económico y financiero del país. Por lo que la reunión y consensos logrados entre la iniciativa privada y el gobierno para aspirar a un crecimiento del 4% son imperantes. Urge reactivar la inversión en el país.
