Como todo proceso económico, en la medida en que se genera crecimiento del producto nacional, inevitablemente se requiere de un mayor consumo de energía. Dado que la generación de una unidad más de producto necesita de un mayor uso de insumos naturales y de otra índole, esto suele traducirse en una mayor contaminación ambiental del aire, agua y suelo. 

Desde luego, que el nivel de degradación ambiental como consecuencia del crecimiento económico depende, en buena medida, de la madurez y fortaleza de las instituciones con las que cuenten las naciones, particularmente en materia de medioambiente. En la medida en que los países tengan marcos regulatorios en materia de medio ambiente sólidos y mecanismos efectivos para hacerlos cumplir, el crecimiento económico estará acompañado de un uso más razonado de los recursos naturales, con menores efectos negativos sobre el medio ambiente. 

Debemos recordar que, al final de cuentas, la justificación del Estado en la economía es para proveer del marco institucional, y hacerlo cumplir, para controlar y limitar todas aquéllas actividades que generan externalidades negativas, así como para promover todas aquellas actividades que propician o generan externalidades positivas. Es decir, corregir los “fallos de mercado”.

Pero también, desde un punto de vista más microeconómico ha habido esfuerzos interesantes para promover el crecimiento económico sustentable. Al final de la década de los 90, la ONU dio un gran paso con la puesta en marcha de los “Principios Para la Inversión Responsable”, basados en distintas premisas para tener en consideración los efectos de la sostenibilidad. El concepto de inversión sostenible o responsable había llegado para quedarse, y recientemente ha cobrado una fuerza relevante en el mundo financiero.

Bajo este enfoque, para que una inversión pueda ser considerada responsable debe cumplir con criterios ambientales, sociales y de gobernanza denominados ESG, por sus siglas en inglés. Las iniciativas y proyectos que cumplen con estos criterios, logran mejores condiciones de financiamiento, así como una mayor rentabilidad y compromiso con la sociedad.

Los criterios ESG abarcan los siguientes aspectos:

1.    El factor ambiental (Enviromental), para tomar decisiones en función de cómo afectan las actividades de las empresas en el medio ambiente.

2.    El factor social (Social), para tener en cuenta la repercusión que tienen en la comunidad las actividades desempeñadas por la compañía, por ejemplo, en términos de diversidad, derechos humanos o cuidados sanitarios.

3.    Y el factor de gobierno (Governance), que estudia el impacto que tienen los propios accionistas y la administración, y se basa en cuestiones como la estructura de los consejos de administración, los derechos de los accionistas o la transparencia, entre otros.

Estos criterios, que son como la lista de la compra que se debe llevar a la hora de financiar y realizar una inversión responsable y ética, se erigen como indicadores de calidad de las empresas, una letra pequeña que define su responsabilidad con la sociedad.

De esta forma, tanto desde un enfoque macro y de regulación en materia ambiental, como desde uno más microeconómico, como es la promoción de financiamientos más baratos a proyectos con enfoque ESG, son dos iniciativas interesantes que, con voluntad política, las naciones pueden impulsar para lograr verdaderas mejoras en sus modelos de desarrollo económico, de desarrollo sostenible y sustentable. 

Autor: Dr. Héctor Iturribarria